En menos de un siglo, los derechos de las mujeres y, en especial, su participación en política, han experimentado numerosos cambios. Fue en 1949, cuando se reconoció legalmente su derecho a voto.
Viernes 17 de abril de 2020
Por el hecho de “encontrarse sometida al yugo del esposo quien podía ejercer su poder e influencia sobre su esposa”, la ley electoral de 1884 en su artículo 40 prohibía expresamente el voto para la mujer. Esta era una de las muchas razones de índole jurídica y social que impedían a las mujeres del siglo XIX ejercer sus derechos civiles.
La norma pareciera una anécdota ahora, en pleno siglo XXI, cuando las mujeres ya han ocupado los más altos cargos de administración del Estado: por ejemplo, Michelle Bachelet, como Presidenta de la República; Isabel Allende y Adriana Muñoz como las primeras Presidentas del Senado en 200 años; las ministras de Estado, Subsecretarias y parlamentarias en ejercicio. Eso, sin contar la presencia y liderazgo de la mujer en el mundo privado y en todas las esferas de la sociedad.
¿Pero será suficiente? Esa es la disyuntiva actual donde la participación de la mujer busca ser igualitaria y donde en el mundo entero se impulsa un movimiento por la igualdad de derechos. Según cifras de la Unión Interparlamentaria Mundial (IPU) solo un 25% de parlamentarios a nivel global son mujeres.
En Chile este proceso ha sido largo. En 1884 se introdujo la prohibición explícita de participación de la mujer en política porque en las décadas anteriores, un puñado de mujeres enfundadas en corsés y amplios faldones afrancesados había tomado cierto protagonismo con una entusiasta promoción de sus libertades básicas.
Es decir, varias mujeres -usualmente de clase alta y viudas- se inmiscuían activamente en debates de país, antes reservados solo para los hombres. De acuerdo a algunos historiadores e investigadores como Verónica Ramírez Errázuriz, Manuel Romo Sánchez y Carla Ulloa Inostroza en el libro, “Antología crítica de mujeres en la prensa chilena del siglo XIX”:
"En la segunda mitad del siglo XIX, comenzó a emerger una nueva figura en el mundo intelectual de Chile: la mujer opinante, una mujer que se atrevió a publicar en la prensa firmando sus trabajos con su nombre, y en menor medida, utilizando seudónimos. Este fenómeno constituyó una anomalía para el sistema (manejado tradicionalmente por hombres) y para las mujeres decimonónicas".
Claramente no era bien visto que una dama saliera de sus labores domésticas y de abnegada crianza para participar en temas públicos, tales como, la autonomía del Estado y la Iglesia en relación a temas civiles, que agitó la sociedad santiaguina de 1856 por la denominada: “Cuestión del Sacristán”.
El caso motivó una aguda polémica que involucró al entonces Arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso con el Cabildo y la Corte Suprema.
El 6 de noviembre de 1877, se dictó el Decreto Amunátegui, que autorizó el ingreso de las mujeres a los estudios universitarios, porque lamentablemente, aunque ningún texto legal lo prohibía, tampoco estaba explicitado.
De este modo, se impulsó la incorporación creciente de éstas en el espacio público, para desde allí, promover sus aspiraciones de obtener la calidad de ciudadana con los mismos derechos civiles y políticos que los hombres.
Fuentes y Fotografías:
Cronica del sufragio femenino en Chile, Diamela Eltit. 1994 (Memoria Chilena)
Diarios de Sesiones y corporaciones legislativas. Historia Política. Biblioteca del Congreso (BCN)
Archivo del Senado
